Nació en una familia campesina maya. Durante su infancia y juventud sufrió pobreza, discriminación racial y la violencia que durante décadas ha padecido la población indígena guatemalteca. Por ello, con tan sólo cinco años comenzó a trabajar junto a sus padres en las grandes fincas de las familias ricas y tradicionales del país; después, en su adolescencia, trabajó durante dos años en la capital guatemalteca como empleada doméstica.
La activista guatemalteca creció en un país afectado por un conflicto armado entre el gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y mejores condiciones de vida. Para poder combatir contra esta organización popular, el gobierno optó por la violencia para lograr reprimirla. Asimismo, implementó una política de exterminio contra la población indígena maya. Debido a esta situación, gran parte de la familia de Rigoberta fue víctima: su madre y su hermano mayor fueron torturados y asesinados por los militares, y su padre quemado vivo durante una protesta. Por ésta y otras razones, desde joven Rigoberta se involucró en diversas causas sociales y fue participante en foros internacionales para denunciar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas dentro de su país.
Desde 1977 comenzó a militar en el Comité Unidad Campesina, integrándose formalmente en 1979; durante este periodo el ejército nacional llevaba a cabo una campaña contra la población sospechosa de pertencer algún grupo armado, fue en ese momento cuando se vio obligada al exilio en México, a donde llegó en 1981 apoyada por grupos militantes católicos. Desde este país se dedicó a denunciar a nivel internacional la grave situación de los indios guatemaltecos. Aunque Rigoberta sufrió la persecución política y posteriormente su exilio, no detuvo su lucha; al contrario, siguió con ella y contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU.
Como ejemplo de los foros y eventos en donde participó, a partir del trigésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rigoberta formó parte desde 1982 de la Sub-Comisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías. Asimismo, desde marzo de 1983 se ha presentado en las sesiones de la Asamblea General para denunciar las arbitrariedades gubernamentales contra los indígenas y para reivindicar sus derechos humanos.
El 10 de diciembre de 1992 le fue otorgado a Rigoberta Menchú un gran reconocimiento, el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose así en la primera indígena, y en la más joven, en recibirlo. Con el dinero instituyó la Fundación Vicente Menchú, cuya misión es contribuir a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial, a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. Así, a través de la fundación la gran activista guatemalteca ha desarrollado diversas iniciativas y estrategias para responder a las demandas de los pueblos originarios de Mesoamérica en el área educativa. Entre estas iniciativas se encuentra el Diagnóstico de la Realidad Educativa de los Pueblos Indígenas de la Región Mesoamericana, donde se consultó a 174 comunidades de la región con respecto a su realidad y demandas educativas. Como gran resultado de la iniciativa se logró el desarrollo de programas de profesionalización a maestros indígenas del área rural.
Hoy en día, Rigoberta Menchú sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y persiste en la búsqueda de alternativas para reforzar la participación activa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus derechos. Actualmente es integrante activa de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de Paz (de la cual es cofundadora) y de la Fundación Peace Jam, así como miembro fundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas.
